El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH - Bolivia), Denis Racicot, señaló que en este momento no están dadas las condiciones para realizar la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la ejecución del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de esa zona ecológica.
Explicó que con el anuncio de la IX marcha y la intensión del gobierno de realizar una consulta, sin consenso con los indígenas, no se garantiza el desarrollo del mismo para satisfacer los derechos internacionales que hacen referencia a los derechos de los pueblos indígenas.
“No hay estos acuerdos previos, las partes no están hablando el mismo idioma, no hay un marco de referencia común para decir por ahí hay la solución (…) por el momento las posiciones son tan encontradas, que no está seguro que se pueda realizar un proceso con las calidades necesarias para satisfacer el derecho internacional”, aseveró Racicot a Erbol.
Sin embargo, dijo que era necesario poner en marcha una consulta incluyente, por lo que el organismo internacional apela al diálogo previo, entre el gobierno y los indígenas, antes de iniciarse la consulta.
“La consulta no se debe descartar, pero lo que es necesario en este momento para que un proceso de consulta se realice y que sea de calidad adecuada para satisfacer el derecho internacional. Es necesario un diálogo constructivo previo, muy importante, es fundamental para llegar a acuerdos previos para la realización de un proyecto semejante (la consulta)”, manifestó.
Consulta sin imposición
Denis Racicot indicó que si bien las normas internacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas y con ello la consulta, existe el principio de no imponer una posición a ninguna de los sectores involucrados.
“La consulta en los procesos de decisión que afectan a los pueblos indígenas tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones (…) pero no confiere a los pueblos indígenas (la consulta previa) un derecho a imponer unilateralmente su voluntad de los estados”, subrayó.
Racicot acotó que no es una condición previa la anulación del contrato con la empresa brasilera OAS, que se adjudicó la construcción de la carretera, para iniciar la consulta que según el funcionario de la ONU en otros países se hace cuando un determinado proyecto está en marcha.
Añadió que si el gobierno de Evo Morales no aplica la consulta a los indígenas para la ejecución de la vía puede ser demandado internacionalmente y posteriormente sancionado como ocurrió con el pueblo Saramaka de Surinam.
“En ese caso la corte determinó medidas de mitigaciones y comprometió la responsabilidad del Estado de Surinam, porque Surinam no hizo lo que debía hacer en su momento y avanzó hasta el final en sus proyectos, lo que afectó a la población, por eso es importante la consulta y buscar el consentimiento de la población”, puntualizó.
Anulación de Ley 222
Los dirigentes de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) señalaron que el diálogo con el gobierno se dará cuando éste anule la Ley 222 de consulta previa sobre la vía que logró en febrero de este año el Consejo Indígena del Sur (Conisur).
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que nos están dispuestos a negociar sus derechos, en relación a la posición que tiene la ONU sobre buscar el consenso a través del diálogo.
“Quieren que dialoguemos, pero nosotros no estamos en la posición de dialogar para negociar nuestros derechos con este gobierno que ha vulnerado nuestros derechos y anda mintiendo todo el tiempo”, aseveró el dirigente a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
De tal forma que confirmó una vez más el inicio de la IX marcha el 25 de abril desde Chaparina del Beni con destino a la ciudad de La Paz, para el respeto a la Ley Corta 180 que protege el Parque y en contra de la consulta del Conisur.
Mientras que el gobierno anunció que el protocolo de la consulta será a partir del 10 de mayo y el inicio del mismo se dará cinco días después con una inversión de 10 millones de bolivianos.
Erbol
Explicó que con el anuncio de la IX marcha y la intensión del gobierno de realizar una consulta, sin consenso con los indígenas, no se garantiza el desarrollo del mismo para satisfacer los derechos internacionales que hacen referencia a los derechos de los pueblos indígenas.
“No hay estos acuerdos previos, las partes no están hablando el mismo idioma, no hay un marco de referencia común para decir por ahí hay la solución (…) por el momento las posiciones son tan encontradas, que no está seguro que se pueda realizar un proceso con las calidades necesarias para satisfacer el derecho internacional”, aseveró Racicot a Erbol.
Sin embargo, dijo que era necesario poner en marcha una consulta incluyente, por lo que el organismo internacional apela al diálogo previo, entre el gobierno y los indígenas, antes de iniciarse la consulta.
“La consulta no se debe descartar, pero lo que es necesario en este momento para que un proceso de consulta se realice y que sea de calidad adecuada para satisfacer el derecho internacional. Es necesario un diálogo constructivo previo, muy importante, es fundamental para llegar a acuerdos previos para la realización de un proyecto semejante (la consulta)”, manifestó.
Consulta sin imposición
Denis Racicot indicó que si bien las normas internacionales reconocen los derechos de los pueblos indígenas y con ello la consulta, existe el principio de no imponer una posición a ninguna de los sectores involucrados.
“La consulta en los procesos de decisión que afectan a los pueblos indígenas tiene por objeto poner fin al modelo histórico de exclusión del proceso de adopción de decisiones (…) pero no confiere a los pueblos indígenas (la consulta previa) un derecho a imponer unilateralmente su voluntad de los estados”, subrayó.
Racicot acotó que no es una condición previa la anulación del contrato con la empresa brasilera OAS, que se adjudicó la construcción de la carretera, para iniciar la consulta que según el funcionario de la ONU en otros países se hace cuando un determinado proyecto está en marcha.
Añadió que si el gobierno de Evo Morales no aplica la consulta a los indígenas para la ejecución de la vía puede ser demandado internacionalmente y posteriormente sancionado como ocurrió con el pueblo Saramaka de Surinam.
“En ese caso la corte determinó medidas de mitigaciones y comprometió la responsabilidad del Estado de Surinam, porque Surinam no hizo lo que debía hacer en su momento y avanzó hasta el final en sus proyectos, lo que afectó a la población, por eso es importante la consulta y buscar el consentimiento de la población”, puntualizó.
Anulación de Ley 222
Los dirigentes de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) señalaron que el diálogo con el gobierno se dará cuando éste anule la Ley 222 de consulta previa sobre la vía que logró en febrero de este año el Consejo Indígena del Sur (Conisur).
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que nos están dispuestos a negociar sus derechos, en relación a la posición que tiene la ONU sobre buscar el consenso a través del diálogo.
“Quieren que dialoguemos, pero nosotros no estamos en la posición de dialogar para negociar nuestros derechos con este gobierno que ha vulnerado nuestros derechos y anda mintiendo todo el tiempo”, aseveró el dirigente a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
De tal forma que confirmó una vez más el inicio de la IX marcha el 25 de abril desde Chaparina del Beni con destino a la ciudad de La Paz, para el respeto a la Ley Corta 180 que protege el Parque y en contra de la consulta del Conisur.
Mientras que el gobierno anunció que el protocolo de la consulta será a partir del 10 de mayo y el inicio del mismo se dará cinco días después con una inversión de 10 millones de bolivianos.
Erbol
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