Tres años para dos exministros.

El Tribunal de Sentencia se pronunció en forma inapelable por la matanza de 2003.

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a siete personas —cinco exjefes militares y dos exministros— a penas de prisión de tres a 15 años al haber sido encontradas culpables del delito de genocidio.

En octubre de 2003, una movilización popular generada en la ciudad de El Alto impidió que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada firmara un convenio de exportación de gas natural por un puerto en el norte chileno.

Sin embargo, la resistencia popular a la iniciativa de Sánchez de Lozada dejó un saldo de 67 muertos y más de 400 heridos.

Los sentenciados son los generales retirados Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera, a 15 años y seis meses de presidio; José Osvaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, a 11 años, y Gonzalo Alberto Rocabado, a 10 años.

Los exministros Érick Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron sentenciados a tres años, pues se los consideró cómplices.

Los exmilitares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar. Claros Flores fue comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado, jefe de Estado Mayor de las FFAA; Véliz Herrera, comandante del Ejército; Aranda Granados, comandante de la Fuerza Naval, y Quiroga Mendoza, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana.
Los acusados cumplirán sus sentencias en el penal de San Roque, en la ciudad de Sucre.

El juicio de responsabilidades fue autorizado por el Congreso el 14 de octubre de 2004 y el juicio fue instalado el 18 de mayo de 2009. Contra el fallo judicial, no cabe recurso alguno de apelación, por lo que corresponde cumplir el veredicto.

La frase

“En nombre del Estado, por unanimidad y en única instancia, falla declarando autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.
PARTE DE LA SENTENCIA

Fuente La Prensa