Gobierno dice que el contrato de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es legal y que los policías están en Yucumo para evitar enfrentamientos entre indígenas y colonizadores.

No podemos hacer la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos por fuera del TIPNIS, “no se puede, la geografía nos encierra es un cañadón”, afirmó hoy el presidente en ejercicio Álvaro García Linera en una conferencia de prensa.

El Mandatario reiteró que el Gobierno tiene predisposición en dialogar con los indígenas que marchas desde hace 37 días en rechazo al tramo II de la mencionada carretera porque atravesará su territorio.

Estamos dispuestos, dijo, a acudir al diálogo “allá” donde sugieran los dirigentes de los marchistas o, en su caso, recibir en La Paz a una comisión de 20 a 25 delegados para dialogar. Una vez más, García Linera señaló que el Gobierno respeta a las bases del movimiento indígena del oriente, pero que está preocupado porque algunas de sus demandas tienen un objetivo político que pretende afectar el desarrollo.

"Si bien hay una preocupación legítima de las comunidades de tierras bajas del TIPNIS sobre su territorio y tierra comunitaria, de parte de la dirigencia las cosas toman un cariz político (…) detrás de la demanda legítima hay dirigentes con un criterio político-partidario", afirmó.

García Linera explicó que el tramo II va a afectar a un 0,02 por ciento del territorio por donde pasará y que existe el compromiso de ejecutar programas de forestación y “si hay que invertir más recursos para construir ese tramo para no afectar el medio ambiente se va a hacer”, lo cual podría alcanza a 100 millones de dólares adicionales, pero antes emplazó a los dirigentes de los marchistas a dialogar para escuchar sus propuestas y lograr acuerdos.

Sobre las declaraciones de la Defensoría del Pueblo sobre la transparencia del contrato de construcción de la carretera, dijo que el mismo está disponible en la página web de la Administradora Boliviana de Carreteras y aseguró que “es completamente legal porque tiene el aval del Congreso con el respaldo de una Ley.

Aseguró que para la construcción de la carretera se ha consultado a la población sobre los tramos I y III, no así del II y por ello no se está construyendo. García Linera estima que la consulta del tramo II puede darse en dos a ocho meses o un año, eso dependerá de las comunidades.

En cuanto a la presencia de la Policía en Yucumo, afirmó que su propósito no es reprimir a los pueblos indígenas sino evitar enfrentamientos. "El Gobierno tiene la intención de garantizar la marcha, pero al mismo tiempo les ha convocado en forma reiterada a dialogar con el fin de lograr acuerdos", dijo.

Anotó que se respetan a los marchistas, pero este movimiento no debe ser aprovechado con fines políticos. Reiteró que la presencia de la Policía entre Yucumo y Limoncitos es para impedir enfrentamientos entre indígenas de tierras bajas e indígenas de tierras altas. "Han sido desplegados unos 400 efectivos para que no hayan confrontación", indicó.

Expresó que la Policía tiene la instrucción de no reprimir ni usar armas letales, sino pacificar y distanciar a marchas y contra marchas para que dialoguen. Explicó, como ya lo hicieron otros ministros, que entre los 16 puntos del pliego petitorio de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) hay algunas que no pueden ser atendidas y que atentan contra otros bolivianos como es el caso de la paralización de las actividades hidrocarburíferas en el parque de Aguaragüe, en el departamento de Tarija.

"Con esa exigencia buscan que se suspenda el pago de la renta dignidad a 600.000 ancianos que reciben 200 bolivianos cada mes, al igual que el bono Juancito Pinto para 1,8 millones de estudiantes, una vez que ambos programas son financiados con las exportaciones de hidrocaburos", enfatizó.

En tanto, la marcha indígena que partió de Trinidad hace 37 días llegó hoy hasta la barrera policial instalada en inmediaciones de Yucumo cuyos pobladores mantienen un bloqueo impidiendo incluso el tránsito de personas. Los colonizadores avanzaron hoy hasta Chaparina donde se detuvieron para lanzar un ultimátum a los indígenas para que reinstalen el diálogo con el Gobierno hasta las 16:00 de hoy.

Página Siete