El Gobierno no tiene la voluntad política para resolver el conflicto de los indígenas de las tierras bajas, que marchan desde hace más de 27 días en protesta por la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos y en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure, dijo el delegado departamental del Defensor del Pueblo, Edwin Claros.

Afirmó que el gobierno debe dejar de lado una serie de actitudes negativas y buscar soluciones viables para acabar con el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que de proseguir podría acabar en violencia.

"Lamentablemente se sigue en la postura del tira y afloja, mientras que la posibilidad de enfrentamientos entre los colonizadores de Yucumo y los indígenas, cada día es más latente. Exhortamos a los comunarios de Yucumo a deponer actitudes belicosas y de enfrentamiento", dijo.

Respecto a la reunión de Evo Morales con los indígenas disidentes de la marcha, Claros dijo que el presidente tiene todo el derecho de reunirse con cualquier grupo, pero recordó su obligación de atender las demandas sociales. "Vemos que el conflicto día que pasa se profundiza mucho más, por lo que todos los involucrados deben hacer los máximos esfuerzos para hallar una solución antes que sea tarde", agregó.

El responsable de la Unidad de Coordinación con los Movimientos Sociales de la Gobernación cochabambina, Feliciano Vegamonte, afirmó que sería una pérdida de tiempo si el presidente Evo Morales dialoga con los marchistas indígenas, porque nada tienen que ver con el TIPNIS.

Vegamonte sostuvo que el TIPNIS es un lugar donde habitan los verdaderos indígenas de la zona, con los que el presidente Evo Morales quiere reunirse para escucharles y consultarles si quieren la carretera o no.

ERBOL.- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) anunció que se iniciará una auditoria a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de los pueblos indígenas de Bolivia, para una redistribución en favor del sector campesino, mediante la reformulación de la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) en la que trabaja esa organización.

El secretario de la Comisión Política de esa organización, Simeón Jaliri, informó que se presentó una resolución al gobierno del presidente Evo Morales para que se inicien las auditorias en las TCO, porque supuestamente los indígenas alquilan sus tierras a terceros y nos las trabajan.

"Los hermanos indígenas tienen tierras de 80 hectáreas para arriba, cosa que nosotros los campesinos tenemos sólo 50 hectáreas. Ellos alquilan las tierras y cobran 40 mil dólares por alquiler de tierras. La tierra es para quien la trabaja y no para que se lucre", aseguró el dirigente campesino en entrevista con la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Pero las auditorias también se efectuarán a tierras fiscales y a aquellas que fueron saneadas en beneficio del sector empresarial y de no cumplir éstas una función social económica deben ser redistribuidas, aseveró el campesino.

Además denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) saneó tierra para ciudadanos extranjeros, yendo en contra de la Constitución Política del Estado (CPE). "Nosotros tenemos una demanda, por ejemplo La Paz plantea que se doten tierras a 5 millones de hectáreas, pero sin auditoria no podemos entrar", indicó.

TCO "tierras de engorde"

Para la CSUTCB las TCO son tierras de "engorde", es decir, ociosas cuando el sector campesino tiene la necesidad de contar con tierras para ser labradas, dijo Simeón Jaliri.

Explicó que la demanda de una nueva Ley INRA surgió en la Cumbre de tierra que se efectuó en Villa Tunari del departamento de Cochabamba y que la misma fue aceptada por el presidente Evo Morales.

Al momento la organización campesina espera el informe de la auditoria de parte del Gobierno, para concluir la propuesta de la norma, que según Jaliri será concluida con el Gobierno.

"Una vez que tengamos esa respuesta, esa auditoría, la CSUTCB con sus ejecutivos departamentales y a nivel Pacto de Unidad entrarían a distribución de tierras de forma equitativa", subrayó.

Negativa indígena

La Confederación Indígena de Bolivia (CIDOB) se negó a una posible auditoria de sus tierras, porque ya están saneadas y tituladas.

La vicepresidenta de esa organización indígena, Nelly Romero, indicó a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol que las TCO son colectivas y que no pueden ser sujetas a alquiler como denunció la CSUTCB.

Por el contario, dijo que son los campesinos los que tienen una mentalidad de comercializarlas y depredarlas. "Son los que chaquean y hacen desmontes de los bosques, no pueden decirnos que somos nosotros los culpables. Trabajamos las tierras sólo para sembrar productos para nuestro consumo", puntualizó.

La Prensa