Afiches pegados en las paredes del centro de la ciudad de Santa Cruz y una llamada telefónica fueron la punta del ovillo para la desarticulación de una red de personas que realizaban abortos en clínicas, alojamientos y domicilios.
Cierre. El Centro Médico San Juan, ubicado en la zona Pampa de la Isla, fue clausurado ayer por las autoridades.El miércoles, la Fiscalía cruceña y la Defensoría del Menor realizaron la intervención en un centro asistencial de la capital oriental. En el operativo se aprehendió a tres personas: el médico Juan P.F. y otros dos identificados como el enfermero y un auxiliar.
Según la Fiscalía, el consultorio médico San Juan, ubicado en la zona Pampa de la Isla, era el centro de operaciones de los ilegales, aunque las intervenciones quirúrgicas se realizaban de acuerdo con la elección de las pacientes, es decir en el centro asistencial, en alojamientos o en viviendas particulares.
En el centro se encontraron recibos con nombres de pacientes de otros departamentos, lo que hace presumir a la Fiscalía que la red tenía alcance nacional.
En el operativo, los agentes policiales fingieron ser pacientes para ingresar al centro asistencial y aprehender al doctor y sus ayudantes. De acuerdo con el Ministerio Público, el trío de salubristas —conformado por un médico general, un auxiliar (estudiante de Medicina) y un enfermero— practicaba los abortos en los sitios mencionados, luego de concertar citas con las pacientes. No se especificó la forma de intervención en el caso de los domicilios y alojamientos.
El modus operandi consistía en pegar avisos con números telefónicos. “Embarazadas, ¿necesitan ayuda, buscan una solución a su problema?, llame a 677-50402”, señalaban los afiches colocados en los postes de alumbrado público de zonas concurridas de la ciudad.
El médico era el encargado de recibir las llamadas. Después de realizar una pequeña entrevista por vía telefónica a las pacientes, les ofrecía el servicio a un costo de Bs 450, en caso de que el embarazo no fuera mayor a los tres meses. A través de las llamadas telefónicas se pudo evidenciar la participación del galeno en la red.
La fiscal Clara Céspedes declaró que se indaga sobre los abortos que se realizaron en la clínica intervenida. Además, se investigará si efectivamente se realizaron intervenciones en domicilios particulares o en alojamientos y en qué condiciones. Se cree que la red desbaratada venía trabajando en la ilegalidad desde hace tiempo.Datos del aborto en Bolivia
ClandestinosSegún la institución Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), al día se registran 247 abortos en clínicas clandestinas y unos 100 mil al año (datos extraoficiales).Hospitales La misma fuente señala que en los centros de salud sólo reportan 90 mil abortos aproximadamente al año.MortandadAl año, 60 mil mujeres aproximadamente pierden la vida por un aborto mal practicado en la clandestinidad. La sanción es de seis años
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) clausuró ayer el consultorio médico San Juan, debido a que no tenía autorización respectiva para practicar las cirugías.
Miguel García, responsable de acreditación de clínicas (unidad dependiente del Sedes) , exteriorizó su preocupación por la forma y la cantidad de abortos que se realizaban en dicho centro asistencial.
“Es la primera vez que se conoce este tipo de hechos”, señaló la autoridad local.
En ese marco, se anunció que se realizarán inspecciones sorpresa a clínicas privadas de diversos barrios de la ciudad para verificar si operan legalmente y si poseen autorizaciones para realizar intervenciones propias de especialidades.
En cuanto al aspecto legal, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, indicó ayer que la pena máxima por aborto es seis años de privación de libertad. “Este delito está estipulado en el Código Penal, porque es un atentado contra la vida”, declaró.
En tanto, ayer por la tarde se realizó la audiencia de medidas cautelares contra las tres personas detenidas por este ilícito.
La Fiscalía pidió a la jueza que atiende el caso la remisión de los detenidos al penal de Palmasola, a fin de que guarden detención hasta el inicio del juicio. La fiscal Clara Céspedes señaló que existe riesgo de fuga por la naturaleza del delito y por la posibilidad de que el número de víctimas y denuncias aumente al conocerse públicamente la detención del médico.
La Razón
Cierre. El Centro Médico San Juan, ubicado en la zona Pampa de la Isla, fue clausurado ayer por las autoridades.El miércoles, la Fiscalía cruceña y la Defensoría del Menor realizaron la intervención en un centro asistencial de la capital oriental. En el operativo se aprehendió a tres personas: el médico Juan P.F. y otros dos identificados como el enfermero y un auxiliar.
Según la Fiscalía, el consultorio médico San Juan, ubicado en la zona Pampa de la Isla, era el centro de operaciones de los ilegales, aunque las intervenciones quirúrgicas se realizaban de acuerdo con la elección de las pacientes, es decir en el centro asistencial, en alojamientos o en viviendas particulares.
En el centro se encontraron recibos con nombres de pacientes de otros departamentos, lo que hace presumir a la Fiscalía que la red tenía alcance nacional.
En el operativo, los agentes policiales fingieron ser pacientes para ingresar al centro asistencial y aprehender al doctor y sus ayudantes. De acuerdo con el Ministerio Público, el trío de salubristas —conformado por un médico general, un auxiliar (estudiante de Medicina) y un enfermero— practicaba los abortos en los sitios mencionados, luego de concertar citas con las pacientes. No se especificó la forma de intervención en el caso de los domicilios y alojamientos.
El modus operandi consistía en pegar avisos con números telefónicos. “Embarazadas, ¿necesitan ayuda, buscan una solución a su problema?, llame a 677-50402”, señalaban los afiches colocados en los postes de alumbrado público de zonas concurridas de la ciudad.
El médico era el encargado de recibir las llamadas. Después de realizar una pequeña entrevista por vía telefónica a las pacientes, les ofrecía el servicio a un costo de Bs 450, en caso de que el embarazo no fuera mayor a los tres meses. A través de las llamadas telefónicas se pudo evidenciar la participación del galeno en la red.
La fiscal Clara Céspedes declaró que se indaga sobre los abortos que se realizaron en la clínica intervenida. Además, se investigará si efectivamente se realizaron intervenciones en domicilios particulares o en alojamientos y en qué condiciones. Se cree que la red desbaratada venía trabajando en la ilegalidad desde hace tiempo.Datos del aborto en Bolivia
ClandestinosSegún la institución Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), al día se registran 247 abortos en clínicas clandestinas y unos 100 mil al año (datos extraoficiales).Hospitales La misma fuente señala que en los centros de salud sólo reportan 90 mil abortos aproximadamente al año.MortandadAl año, 60 mil mujeres aproximadamente pierden la vida por un aborto mal practicado en la clandestinidad. La sanción es de seis años
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) clausuró ayer el consultorio médico San Juan, debido a que no tenía autorización respectiva para practicar las cirugías.
Miguel García, responsable de acreditación de clínicas (unidad dependiente del Sedes) , exteriorizó su preocupación por la forma y la cantidad de abortos que se realizaban en dicho centro asistencial.
“Es la primera vez que se conoce este tipo de hechos”, señaló la autoridad local.
En ese marco, se anunció que se realizarán inspecciones sorpresa a clínicas privadas de diversos barrios de la ciudad para verificar si operan legalmente y si poseen autorizaciones para realizar intervenciones propias de especialidades.
En cuanto al aspecto legal, el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, indicó ayer que la pena máxima por aborto es seis años de privación de libertad. “Este delito está estipulado en el Código Penal, porque es un atentado contra la vida”, declaró.
En tanto, ayer por la tarde se realizó la audiencia de medidas cautelares contra las tres personas detenidas por este ilícito.
La Fiscalía pidió a la jueza que atiende el caso la remisión de los detenidos al penal de Palmasola, a fin de que guarden detención hasta el inicio del juicio. La fiscal Clara Céspedes señaló que existe riesgo de fuga por la naturaleza del delito y por la posibilidad de que el número de víctimas y denuncias aumente al conocerse públicamente la detención del médico.
La Razón
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