La Paz, 24 nov.- El ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ratificó el jueves que ni él ni el presidente Evo Morales dieron la orden para la violenta intervención policial a la marcha indígena que se oponía a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y aseguró que se rompió la cadena de mando en la institución del orden.
De esa manera replicó el informe presentado el miércoles por la Defensoría del Pueblo, que sindicó a Llorenti como responsable de la operación policial del pasado 25 de septiembre y recomendó al Ministerio Público asumir acciones legales en su contra.
"Reiterar que la instrucción no partió ni del Presidente, ni del Ministro de Gobierno y que hubo una ruptura en la cadena de mando", argumentó en el contacto con los periodistas.
Asimismo, calificó de "inaceptable e inadmisible" el informe presentado por el Defensor, Rolando Villena, porque a su juicio "saca conclusiones y hace aseveraciones usurpando funciones de órganos del Estado".
En esa dirección, señaló que la única instancia competente, para realizar una investigación es el Ministerio Público y el Órgano Judicial el que debe definir si se lleva adelante o no un juici
o.
El ex Ministro de Gobierno dijo la situación que se vivió, el pasado 25 de septiembre, en la localidad de Chaparina, se divide en tres momentos: "uno, el carácter violento que había manifestado la marcha; segundo el hecho de que no se impartió la orden para iniciar el operativo y tercero, que jamás hubo ninguna instrucción de vejar, de maltratar, de maniatar a las personas".
Recordó que el pasado 24 de septiembre, los indígenas de tierras bajas tomaron como rehén al Canciller, David Choquehuanca, para romper una barrera policial de seguridad, en una muestra clara de violencia.
Supuestamente, un día después, el 25 de septiembre, se ordenó la intervención a la marcha indígena que se encontraba en la población de Chaparina, aledaña a Yucumo.
Ambas actitudes se saldaron con la apertura de tres procesos independientes pero vinculados a los mismos hechos, dos de ellos en La Paz y uno en la ciudad de Sucre.
ABI
De esa manera replicó el informe presentado el miércoles por la Defensoría del Pueblo, que sindicó a Llorenti como responsable de la operación policial del pasado 25 de septiembre y recomendó al Ministerio Público asumir acciones legales en su contra.
"Reiterar que la instrucción no partió ni del Presidente, ni del Ministro de Gobierno y que hubo una ruptura en la cadena de mando", argumentó en el contacto con los periodistas.
Asimismo, calificó de "inaceptable e inadmisible" el informe presentado por el Defensor, Rolando Villena, porque a su juicio "saca conclusiones y hace aseveraciones usurpando funciones de órganos del Estado".
En esa dirección, señaló que la única instancia competente, para realizar una investigación es el Ministerio Público y el Órgano Judicial el que debe definir si se lleva adelante o no un juici
o.El ex Ministro de Gobierno dijo la situación que se vivió, el pasado 25 de septiembre, en la localidad de Chaparina, se divide en tres momentos: "uno, el carácter violento que había manifestado la marcha; segundo el hecho de que no se impartió la orden para iniciar el operativo y tercero, que jamás hubo ninguna instrucción de vejar, de maltratar, de maniatar a las personas".
Recordó que el pasado 24 de septiembre, los indígenas de tierras bajas tomaron como rehén al Canciller, David Choquehuanca, para romper una barrera policial de seguridad, en una muestra clara de violencia.
Supuestamente, un día después, el 25 de septiembre, se ordenó la intervención a la marcha indígena que se encontraba en la población de Chaparina, aledaña a Yucumo.
Ambas actitudes se saldaron con la apertura de tres procesos independientes pero vinculados a los mismos hechos, dos de ellos en La Paz y uno en la ciudad de Sucre.
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