El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, denunció que el gobierno no transparentó el uso de 120 millones de bolivianos que corresponde a las personas con capacidades diferentes, que establece la Ley 3925.

“No tenemos información en qué se ha utilizado en estos tres años este fondo de solidaridad, que tenía la intensión de generar proyectos y respaldar a las personas con discapacidad”, aseveró el asambleísta en entrevista con Erbol.

De acuerdo con la norma el financiamiento estatal a los partidos políticos fue eliminado y en su lugar se creó un fondo nacional de solidaridad de Bs40 millones anuales para los discapacitados, vigente desde 2009.

En tanto, que el proyecto de Ley General de Trato Preferente para Personas con Discapacidad que se trabaja en la Asamblea Legislativa establece que los recursos para apoyar a las personas con discapacidad provendrán de la Ley 3925 y de algunas cooperaciones, sin embargo, no establece el pago del bono de más de tres mil bolivianos anuales que exigen los discapacitados.

Al respecto la presidenta de la Cámara de Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gabriela Montaño, explicó que no se puede fijar dicho monto en la norma porque se establece en decretos.

“En casi todos los casos de rentas y bono, éstos están definidos en decretos reglamentarios de normas que crean los beneficios y luego en los decretos reglamentarios se establecen los montos y estos luego podrán variar (…) lo ideal es tener este tipo de montos en decretos, no en ley”, indicó.

Presencia en entidades públicas

El asambleísta Fabián Yaksic señaló que la norma para las personas con discapacidad, que fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores, fue improvisada porque no se hizo en base a una evolución y diagnóstico sectorial de las demandas de personas con discapacidad del país.

Criticó la futura normativa porque según el diputado opositor muchos de sus artículos están en la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas que hacen referencia a los discapacitados. Asimismo, denunció que la ley no contempla que en entidades públicas trabajen el 4% de personas con capacidades diferentes como establece el decreto supremo aprobado en la gestión del expresidente Carlos Mesa.

Al respecto la senadora Gabriela Montaño aseguró que la misma está vigente y no descartó que sea tomada en cuenta en la norma que se trabaja en la Asamblea.

“En el caso del Decreto del cuatro por ciento no hay una disposición contraria a la Ley y por lo tanto queda en vigencia. Yo creo que no hay ningún problema en incluir eso para que las personas con discapacidad no tengan ninguna susceptibilidad sobre el tema del cuatro por ciento de que ese Decreto está en pie y está en vigencia”, puntualizó.

Sin embargo, la dirigencia de las personas con capacidades diferentes que protagonizan un vigilia cerca a la plaza Murillo, aseguraron que este tema no se cumple, puesto que en su lugar trabajan personas sin problemas físicos y que se los seleccionó por línea política al MAS.

Erbol