El gobierno de Evo Morales invirtió para el sector agropecuario en 2011, 170.948.515 bolivianos, equivalentes al 7 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN), en comparación a los 58.905.915 bolivianos el 2001, igual al 9,2 por ciento de los recursos estatales.
Sin embargo, pese a ese impulso, la gestión del nuevo Estado Plurinacional no logró potenciar a la economía comunitaria e indígena, afirmó el economista e investigador José Núñez del Prado.
Durante el seminario “Políticas e Inversión Pública para el Desarrollo Agropecuario y la Seguridad Alimentaria en Bolivia”, el docente investigador de Postgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES- UMSA) analizó la actual política gubernamental respecto al sector agropecuario que, en su criterio, no sufrió cambios sustantivos en el modelo económico del nuevo Estado, en el marco de la Constitución Política del Estado.
El autor de “Estados del Arte desde la economía política y Bolivia” compartió algunos resultados de su estudio “Apuntes sobre la inversión sectorial agropecuaria” durante el encuentro organizado por Oxfam, IPDRS, CIDES y la Universidad Cordillera.
“La obligación de ser consecuente entre el discurso de un proceso de cambio, que es igual a un quiebre de la historia, a generar otra propuesta, otra ética, veo que el problema está entre el discurso ideológico para reproducirse como esquema y otra derivada en la práctica en inversiones y otras materias”, señaló.
Núñez del Prado dijo que las empresas comunitarias en la economía comunitaria e indígena son el corazón del nuevo Estado Plurinacional y por tanto, deberían recibir todo el impulso del Gobierno en el marco del reconocimiento a la economía plural, en lugar de ensanchar más al “elefante” del Estado burocrático.
“No está mal contar con empresas estatales estratégicas como YPFB ó ENTEL, pero otras como Cartonbol, heladosbol, alfileresbol, etcétera, están reemplazando y sustituyendo a los actores tradicionales, por eso hay un vaciamiento del sector productivo”, afirmó. La creación de 14 nuevas empresas estatales le significó al Estado aproximadamente 1.769 millones de bolivianos. Sólo la aerolínea BOA estaría generando utilidades.
La economía estatal expresada en empresas estatales es la castración del pueblo indígena, dijo el investigador, emulando al ideólogo francés Dominique Temple.
Para el economista con especialidad en Ciencias Sociales, el Gobierno potenció al sector agropecuario empresarial del oriente, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. “Puede ser que no haya sido una política deliberada sino más bien espontánea porque no hubo políticas de inversiones creativas, conscientes”, señaló.
Núñez del Prado afirmó que la economía extractivista no solo se limita ahora al sector
hidrocarburífero y a la minería, sino también que se extendió al sector agropecuario con la producción a gran escala de la quinua, que se exporta más de lo que se queda y de la coca, que no va destinada a la seguridad alimentaria del país. “El Estado subsumió al sector agropecuario campesino con un enfoque más paternalista en función a dádivas”, dijo.
Casi la totalidad de los gastos a nivel central son gastos corriente y otros, solo el 5 por ciento corresponde a inversión. Del monto destinado a inversiones el 40 por ciento se destina al sector transportes, construcción de caminos y otras obras, el 11 por ciento va para infraestructura urbana; y 8 por ciento para el sector agropecuario.
Del total de la inversión del Gobierno nacional, sólo el 10 por ciento corresponde a la inversión en sectores productivos (alternativos a hidrocarburos y minería) como son el sector agropecuario (8 por ciento) y desarrollo económico productivo y turismo en 2 por ciento. (Con información del PIEB).
Erbol
Sin embargo, pese a ese impulso, la gestión del nuevo Estado Plurinacional no logró potenciar a la economía comunitaria e indígena, afirmó el economista e investigador José Núñez del Prado.
Durante el seminario “Políticas e Inversión Pública para el Desarrollo Agropecuario y la Seguridad Alimentaria en Bolivia”, el docente investigador de Postgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES- UMSA) analizó la actual política gubernamental respecto al sector agropecuario que, en su criterio, no sufrió cambios sustantivos en el modelo económico del nuevo Estado, en el marco de la Constitución Política del Estado.
El autor de “Estados del Arte desde la economía política y Bolivia” compartió algunos resultados de su estudio “Apuntes sobre la inversión sectorial agropecuaria” durante el encuentro organizado por Oxfam, IPDRS, CIDES y la Universidad Cordillera.
“La obligación de ser consecuente entre el discurso de un proceso de cambio, que es igual a un quiebre de la historia, a generar otra propuesta, otra ética, veo que el problema está entre el discurso ideológico para reproducirse como esquema y otra derivada en la práctica en inversiones y otras materias”, señaló.
Núñez del Prado dijo que las empresas comunitarias en la economía comunitaria e indígena son el corazón del nuevo Estado Plurinacional y por tanto, deberían recibir todo el impulso del Gobierno en el marco del reconocimiento a la economía plural, en lugar de ensanchar más al “elefante” del Estado burocrático.
“No está mal contar con empresas estatales estratégicas como YPFB ó ENTEL, pero otras como Cartonbol, heladosbol, alfileresbol, etcétera, están reemplazando y sustituyendo a los actores tradicionales, por eso hay un vaciamiento del sector productivo”, afirmó. La creación de 14 nuevas empresas estatales le significó al Estado aproximadamente 1.769 millones de bolivianos. Sólo la aerolínea BOA estaría generando utilidades.
La economía estatal expresada en empresas estatales es la castración del pueblo indígena, dijo el investigador, emulando al ideólogo francés Dominique Temple.
Para el economista con especialidad en Ciencias Sociales, el Gobierno potenció al sector agropecuario empresarial del oriente, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. “Puede ser que no haya sido una política deliberada sino más bien espontánea porque no hubo políticas de inversiones creativas, conscientes”, señaló.
Núñez del Prado afirmó que la economía extractivista no solo se limita ahora al sector
hidrocarburífero y a la minería, sino también que se extendió al sector agropecuario con la producción a gran escala de la quinua, que se exporta más de lo que se queda y de la coca, que no va destinada a la seguridad alimentaria del país. “El Estado subsumió al sector agropecuario campesino con un enfoque más paternalista en función a dádivas”, dijo.Casi la totalidad de los gastos a nivel central son gastos corriente y otros, solo el 5 por ciento corresponde a inversión. Del monto destinado a inversiones el 40 por ciento se destina al sector transportes, construcción de caminos y otras obras, el 11 por ciento va para infraestructura urbana; y 8 por ciento para el sector agropecuario.
Del total de la inversión del Gobierno nacional, sólo el 10 por ciento corresponde a la inversión en sectores productivos (alternativos a hidrocarburos y minería) como son el sector agropecuario (8 por ciento) y desarrollo económico productivo y turismo en 2 por ciento. (Con información del PIEB).
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