"Yo fui secretaria del Ministro del Interior Ramiro Villarroel (época de dictadura) del gobierno de Juan José Torres. El 21 de agosto de 1971 estaba en palacio y se dio el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez. He visto cualquier cantidad de muertos, gente mutilada, torturada, recorrí lagos de sangre. Fue terrible, a mi me violaron los militares de la época, quién responde mi perjuicio psicológico y físico (en medio de sollozos), ahora vuelven a torturarme cuando me dicen que pruebe todo lo que digo, de lo que pasó y que no podré acogerme a la ley que supuestamente nos dará un resarcimiento a gente que peleamos por la democracia" dijo a Fides Estela Iradi, víctima de la dictadura en protesta por ser excluida de la calificación de quienes se beneficiarán con la ley Nº 2640 aprobada y promulgada por el Gobierno del Presidente Carlos Mesa el año 2004.
“Me piden certificado de violación, en la época no podíamos sacar ningún certificado por razones obvias; después de los vejámenes me expulsaron del país de 1971 a 1977, que pruebas más quieren” interpeló Iradi.
Ley Nº 2640 de 2004 establece “el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales, que violaron y conculcaron los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos” dijo a Radio Fides por su parte Julio Llanos, delegado de las víctimas de la dictadura.
Llanos e Iradi son miembros de la plataforma de Lucha Social Política Contra la Impunidad Institucional del Estado.
“Yo trabajaba en la mina Colquiri cuando el ejercito de Barrientos, sin previo aviso desalojaron a mi familia y los abandonaron en el Mercado Camacho de Oruro. Me vi obligado a dejar el país para rearticular la lucha contra la dictadura desde afuera. Fui detenido en tres oportunidades, conozco todas las celdas, tengo secuelas de esos momentos que son incurables” dijo Llanos a tiempo de exigir al gobierno el ser incluido entre los 1814 calificados para acogerse a la norma.
Cecilia Ayllón, Ministra de Justicia aseguró que desde el 14 de marzo se reunió con dirigentes del sector, con quienes se determinó una revisión exhaustiva del proceso. Entre tanto el sector continúa con sus movilizaciones.
Radio Fides
“Me piden certificado de violación, en la época no podíamos sacar ningún certificado por razones obvias; después de los vejámenes me expulsaron del país de 1971 a 1977, que pruebas más quieren” interpeló Iradi.
Ley Nº 2640 de 2004 establece “el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales, que violaron y conculcaron los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos” dijo a Radio Fides por su parte Julio Llanos, delegado de las víctimas de la dictadura.
Llanos e Iradi son miembros de la plataforma de Lucha Social Política Contra la Impunidad Institucional del Estado.
“Yo trabajaba en la mina Colquiri cuando el ejercito de Barrientos, sin previo aviso desalojaron a mi familia y los abandonaron en el Mercado Camacho de Oruro. Me vi obligado a dejar el país para rearticular la lucha contra la dictadura desde afuera. Fui detenido en tres oportunidades, conozco todas las celdas, tengo secuelas de esos momentos que son incurables” dijo Llanos a tiempo de exigir al gobierno el ser incluido entre los 1814 calificados para acogerse a la norma.
Cecilia Ayllón, Ministra de Justicia aseguró que desde el 14 de marzo se reunió con dirigentes del sector, con quienes se determinó una revisión exhaustiva del proceso. Entre tanto el sector continúa con sus movilizaciones.
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