El Tribunal 7° de Sentencia suspendió el juicio oral contra los más de 30 acusados de terrorismo la mañana de hoy 23 de julio, en Santa Cruz. La recusación realizada por el Ministerio de Gobierno contra los dos jueces técnicos, parte querellante en el proceso, desencadenó en dicha determinación. Al momento la fecha de inicio de este juicio es incierta puesto que se debe esperar que se realicen los trámites correspondientes, que demorarán, alrededor de tres semanas, informó a Radio FIDES el retirado del Ejército Gary Prado Salmón, implicado en el caso Rózsa.
Por la connotación y el número de acusados en el caso, que data del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial desbarató al presunto grupo irregular de Eduardo Rózsa, no se entrará a un juicio “con jueces que no son probos, idóneos e imparciales”, según el asesor legal del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera. Asimismo, el 18 de junio, el juez Espinoza convocó por un error de procedimiento a un miembro de otro tribunal, pese a que tenía quórum necesario con los jueces ciudadanos para resolver la recusación de Tórrez. En consecuencia, Espinoza también fue sujeto de una recusación por parte del Ministerio de Gobierno, planteada el miércoles.
En este sentido, Prado dijo a FIDES: “para hoy estaba previsto el juicio del supuesto caso de terrorismo, lamentablemente por acciones del Ministerio de Gobierno se han recusado los dos jueces técnicos, por lo tanto, al no tener jueces técnicos el juicio no puede instalarse, (…), como estaba previsto”
“Además el gobierno ha planteado que se anulen las dos ultimas audiencias y se retrotraigan hasta las anteriores a ella, de esta manera quieren sortear nuevos jueces ciudadanos, (…)”, sostuvo Prado.
Por otro lado, denunció como un abuso por parte del gobierno, la intención de cambiar la jurisdicción del proceso penal al departamento de Tarija, “quieren trasladar el juicio a otra jurisdicción, quieren llevarlo a Tarija, lo cual es un abuso por que en Tarija nadie vive y nada de esto a ocurrido en Tarija y por lo tanto, nos hace para la defensa una acción más cara por que a ellos el Estado les paga pasajes y viáticos”.
Ante este nuevo acontecimiento dentro del proceso penal que se sigue en torno a supuestos actos de terrorismo se prevé que el caso Rosza sea archivado ante la retardación del sumario.
“El caso Rósza puede quedar archivado, esta acusación injusta y falsa de parte del Ministerio Público contra nuestros familiares y representados puede quedar en nada porque ya estamos llegando al tiempo en que es posible plantear un recurso de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, es un recurso legitimo, si en tres años el gobierno no ha podido encontrar una sentencia y no le interesa, por lo visto, por que lo que esta haciendo es maniobrar para dilatar el caso”, declaró el implicado.
De la misma forma, aseveró que todos los implicados en este caso estarían siendo “victimas de retardación de justicia” dejando en claro que ellos, los implicados no fueron los que dilataron el proceso.
Por la connotación y el número de acusados en el caso, que data del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial desbarató al presunto grupo irregular de Eduardo Rózsa, no se entrará a un juicio “con jueces que no son probos, idóneos e imparciales”, según el asesor legal del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera. Asimismo, el 18 de junio, el juez Espinoza convocó por un error de procedimiento a un miembro de otro tribunal, pese a que tenía quórum necesario con los jueces ciudadanos para resolver la recusación de Tórrez. En consecuencia, Espinoza también fue sujeto de una recusación por parte del Ministerio de Gobierno, planteada el miércoles.
En este sentido, Prado dijo a FIDES: “para hoy estaba previsto el juicio del supuesto caso de terrorismo, lamentablemente por acciones del Ministerio de Gobierno se han recusado los dos jueces técnicos, por lo tanto, al no tener jueces técnicos el juicio no puede instalarse, (…), como estaba previsto”
“Además el gobierno ha planteado que se anulen las dos ultimas audiencias y se retrotraigan hasta las anteriores a ella, de esta manera quieren sortear nuevos jueces ciudadanos, (…)”, sostuvo Prado.
Por otro lado, denunció como un abuso por parte del gobierno, la intención de cambiar la jurisdicción del proceso penal al departamento de Tarija, “quieren trasladar el juicio a otra jurisdicción, quieren llevarlo a Tarija, lo cual es un abuso por que en Tarija nadie vive y nada de esto a ocurrido en Tarija y por lo tanto, nos hace para la defensa una acción más cara por que a ellos el Estado les paga pasajes y viáticos”.
Ante este nuevo acontecimiento dentro del proceso penal que se sigue en torno a supuestos actos de terrorismo se prevé que el caso Rosza sea archivado ante la retardación del sumario.
“El caso Rósza puede quedar archivado, esta acusación injusta y falsa de parte del Ministerio Público contra nuestros familiares y representados puede quedar en nada porque ya estamos llegando al tiempo en que es posible plantear un recurso de extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, es un recurso legitimo, si en tres años el gobierno no ha podido encontrar una sentencia y no le interesa, por lo visto, por que lo que esta haciendo es maniobrar para dilatar el caso”, declaró el implicado.
De la misma forma, aseveró que todos los implicados en este caso estarían siendo “victimas de retardación de justicia” dejando en claro que ellos, los implicados no fueron los que dilataron el proceso.
Radio Fides
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