El gobierno del presidente Evo Morales, según denuncias de dirigentes indígenas, usó el chantaje, una campaña millonaria por los medios de comunicación y la división de las organizaciones indígenas para imponer la “consulta post” en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la intangibilidad y la construcción del tramo dos del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el medio de esa reserva ecológica.

Ayer, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores, reveló en la reunión de las 26 capitanías de esa organización indígena que fue chantajeado por el Primer Mandatario del Estado para que firme la convocatoria a la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas (GANPI) en la que se destituiría a Adolfo Chávez de la Presidencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y se elegiría a Melva Hurtado en su lugar, a cambio Morales firmaría la resolución de designación del guaraní David Zapata como Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario Campesino (FONDIOC).

La estrategia de dividir a los indígenas de tierras bajas del oriente boliviano comenzó después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara la Ley 222 que promueve la consulta a solicitud del CONISUR (Consejo Indígena del Sur), aliado del gobierno.

Oromomo, lugar donde está previsto que se inicie la “consulta post” al mediodía del domingo 29 de julio, fue la primera comunidad del TIPNIS que visitó en marzo Morales llevando regalos y promesas de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Tras esa visita se conformó una dirección paralela en la Subcentral de Sécure a la cabeza de Carlos Fabricano, quien fue elegido por un sector de comunidades de ese lado del parque, desconociendo así a Emilio Noza como presidente de esa organización.

Días después algo similar ocurrió en la Central de Pueblos Étnicos del Beni (CPMB), cuyas bases desconocieron a Pedro Vare por transar con el gobierno un acuerdo programático sin consultar a los pueblos a los que representa y en su lugar eligieron a Nazaret Flores, quien rechaza la consulta post y está a favor de que la carretera no pase por la mitad del TIPNIS.

A estos dos casos se suma lo ocurrido en la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), en ambas sus dirigentes fueron desconocidos por sus bases debido a que firmaron acuerdos con el gobierno para no participar de la IX marcha.

La campaña mediática del gobierno se incrementó a partir de marzo de este año, misma que sirvió para desacreditar a los dirigentes indígenas que lideraron las dos últimas marchas en defensa del TIPNIS y para mostrar los supuestos beneficios que iba a representar a las comunidades la carretera por en medio de la reserva ecológica.

Hubo también publicaciones, como el folleto “Atrapados en el Paraíso”, que afirma que en el TIPNIS hay sólo un bachiller, que los niños mueren con picaduras de serpientes y que los indígenas viven en la pobreza a falta de una carretera.

A esto se suma los regalos que llevó Morales y sus ministros a varias comunidades del TIPNIS, como motores fuera de borda, generadores de electricidad, material escolar, material deportivo, carnetización, antenas parabólicas, entre otros.

Esta práctica fue cuestionada el 5 de julio por el director de Consulta Previa del Ministerio colombiano del Interior, Rafael Torres, quien fue traído por el gobierno boliviano para que intercambie experiencias junto a un funcionario peruano.

En esa oportunidad, Torres dijo a Erbol que en su país no se permite que haya donaciones directas a las comunidades ni antes ni después de la consulta “porque eso interfiere en el consentimiento, interfiere en la libre disertación del tema”.

Las veces que periodistas preguntaron a las autoridades gubernamentales sobre el dinero que se gastó hasta ahora en la campaña, visitas, sobrevuelos, propaganda, regalos y otros, siempre eludieron hablar del tema o bien no tenían disponible esa información.

A estos gastos, se suma la inversión directa en la consulta misma, que costará más de 10 millones de bolivianos, dinero proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN) y será administrado de manera directa por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable del proceso que comienza el próximo domingo en la comunidad de Oromomo.

También hubo sobrevuelos del presidente Evo Morales junto a periodistas para tratar de convencer que la única alternativa para el tramo dos de la cuestionada carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos era partiendo el Isiboro Sécure en dos, porque a su juicio la alternativa de cambiar la ruta por un lado del parque era inviable debido a la existencia de muchos ríos.