La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, y el exDefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, coincidieron en afirmar que el gobierno de Evo Morales pretende “intimidar” el trabajo de la prensa y “coartar la libertad de expresión” de la población con el anuncio de procesos judiciales a tres medios.

Según los criterios expuestos por Herrera, los argumentos del Viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, quien confirmó el inicio del proceso contra El Diario, Página siete y la ANF, carecen de fundamento y se constituirían en un negativo antecedente para la libertad de información a la que la población debe acceder.

“Mientras no se sustenten, de manera trasparente y clara, las demandas que se están planteando, uno puede considera que se está intimidando y atentando contra la libertad de expresión (…) La ciudadanía requiere voces diversas, no una sola línea”, expuso la titular de DDHH.

Por su parte, Albarracín cuestionó que el proceso tenga carácter jurídico y no ético, aspecto que calificó de “irrisorio” por considerar que el gobierno utilizará el control judicial del que goza para direccionar el proceso a su favor. “De haber apelado a un Tribunal de Honor no tendría el mismo efecto porque no lo controlarían”, aseguró.

“(El gobierno) acude al expediente de la justicia ordinaria porque sabe que a los jueces los puede utilizar como empleados y sabe que en el fondo cualquier decisión judicial se va a redactar en las instancias gubernamentales (…) Obviamente si acuden ante un Tribunal de Honor, los miembros de esa instancia ética van a actuar con imparcialidad”, sostuvo.

Al respecto, uno de los primeros pronunciamientos de las partes afectadas, el editor general El Diario, Ernesto Murillo, manifestó que el argumento de la “intencionalidad” a la que apela el gobierno es subjetivo y que el error habría surgido desde el primer mandatario, quien habría emitido un mensaje disperso y confuso.

“La intencionalidad es subjetiva, muestra clara de ello es que en muchas declaraciones del Presidente salen luego la misma Ministra de Comunicación u otro funcionario de gobierno a aclarar lo que quiso decir, entonces que el emisor inicial no dio un lenguaje univoco, sino dio un lenguaje equivoco que es libre de interpretación”, detalló Murillo.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dejó entrever que esta acción judicial del gobierno sería un intento de “silenciar” la labor periodística en el país, esto por el descontento estatal ante mensajes que no le favorecen.