La Fiscal de Distrito de La Paz Betty Yañiquez no descarta la posibilidad de que los fiscales Patricia Santos y José Ponce, asignados al caso Chaparina, podrían ser apartados del caso a consecuencia de las denuncias sobre retardación de justicia y denegación de justicia que pesan sobre ambas autoridades, la exclusión del ex ministro de Gobierno y actualmente, Embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, habrían determinado estas acusaciones.
La “masacre” del pasado 25 de septiembre de 2011, como la denominaron los indígenas de la VIII marcha del TIPNIS, fue una arremetida policial contra más de 800 indígenas fueron brutalmente reprimidos por orden del Gobierno boliviano cuando oriundos del parque nacional Isiboro Sécure se trasladaban hasta la ciudad de La Paz para demostrarle a los gobernantes su rechazo ante la construcción del segundo tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, misma que pretende dividir su territorio.
Como ministro de Gobierno, Llorenti fue investigado dentro del caso, sin embargo fue excluido del caso por determinación de los directores funcionales de la investigación, decisión que fue condenada por varias instancias. El Movimiento sin Miedo presentó la denuncia ante la fiscalía departamental paceña.
“Ellos continúan en la investigación como directores funcionales de la investigación, bueno existe una denuncia de parte de algunas personas, no existe ninguna sentencia contra ellos, se está analizando las mismas conforma a la ley, todavía no se determinado nada pero en cualquier momento se pueden cambiar”, expresó Yañiquez.
Tras la demanda interpuesta por el MSM que observa la exclusión del ahora Embajador ante la ONU, los fiscales que investigan la represión que sufrieron el pasado año los indígenas del TIPNIS deberán declarar ante el fiscal anticorrupción Marco Antonio Rodríguez por denuncias de retardación de justicia, denegación de justicia, incumplimiento de deberes y otros delitos que hubiesen cometido al ser excluido de las investigación el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Por su parte, el fiscal Gutiérrez detalló que la denuncia señala que "ellos (los fiscales Santos y Ponce) no hubieran acatado lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal en la investigación del caso Chaparina", dijo.
Aida Camacho, abogada del MSM, espera que Rodríguez cumpla con su deber y haga justicia sen este caso "hemos visto que la manipulación que se está haciendo del Ministerio Público como del Órgano Judicial es inaudito” señaló.
Camacho denunció que se “hace caso omiso a toda solicitud e iniciativa investigativa que provenga de parte del MSM, además de paralizar sin justificativo alguno la investigación”.
La “masacre” del pasado 25 de septiembre de 2011, como la denominaron los indígenas de la VIII marcha del TIPNIS, fue una arremetida policial contra más de 800 indígenas fueron brutalmente reprimidos por orden del Gobierno boliviano cuando oriundos del parque nacional Isiboro Sécure se trasladaban hasta la ciudad de La Paz para demostrarle a los gobernantes su rechazo ante la construcción del segundo tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, misma que pretende dividir su territorio.
Como ministro de Gobierno, Llorenti fue investigado dentro del caso, sin embargo fue excluido del caso por determinación de los directores funcionales de la investigación, decisión que fue condenada por varias instancias. El Movimiento sin Miedo presentó la denuncia ante la fiscalía departamental paceña.
“Ellos continúan en la investigación como directores funcionales de la investigación, bueno existe una denuncia de parte de algunas personas, no existe ninguna sentencia contra ellos, se está analizando las mismas conforma a la ley, todavía no se determinado nada pero en cualquier momento se pueden cambiar”, expresó Yañiquez.
Tras la demanda interpuesta por el MSM que observa la exclusión del ahora Embajador ante la ONU, los fiscales que investigan la represión que sufrieron el pasado año los indígenas del TIPNIS deberán declarar ante el fiscal anticorrupción Marco Antonio Rodríguez por denuncias de retardación de justicia, denegación de justicia, incumplimiento de deberes y otros delitos que hubiesen cometido al ser excluido de las investigación el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
Por su parte, el fiscal Gutiérrez detalló que la denuncia señala que "ellos (los fiscales Santos y Ponce) no hubieran acatado lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal en la investigación del caso Chaparina", dijo.
Aida Camacho, abogada del MSM, espera que Rodríguez cumpla con su deber y haga justicia sen este caso "hemos visto que la manipulación que se está haciendo del Ministerio Público como del Órgano Judicial es inaudito” señaló.
Camacho denunció que se “hace caso omiso a toda solicitud e iniciativa investigativa que provenga de parte del MSM, además de paralizar sin justificativo alguno la investigación”.
Radio Fides
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