La Paz, 1 ene.- Con una opinión pública indignada hasta la intoxicación y el presidente Evo Morales resuelto a limpiar hasta la última traza de pus, la justicia boliviana cerraba el año más aciago de su tristemente célebre reputación, erosionada por una banda de abogados mafiosos aliados de jueces y fiscales que extorsionó lo más seguro millones a 80 convictos, procesados y caídos en desgracia, entre ellos un empresario estadounidense y un alemán.

La justicia boliviana, cuya planta de jueces fue electa en las urnas a fines de 2010, se hallaba en una situación de menoscabo, con sus principales brazos operativos, la Judicatura, el Ministerio Público y hasta la oficina de Derechos Reales, tocados por los tentáculos de una red de extorsionadores que se movía a expensas de puestos clave en el Ejecutivo boliviano.

Los alcances de esta mafia, cuyas actividades criminales aparecen a cuenta gotas todos los días hace más de un mes en las portadas de los diarios bolivianos, llevaron a Morales a ordenar se llegue al fondo del asunto, "caiga quien caiga y pese a quien pese", así "me quede solo" en la administración del Ejecutivo boliviano.

El escándalo increscente y de consecuencias aún impredecibles, ha gatillado la huida burda nada menos que del titular de los magistrados del Tribunal de Justicia del departamento de Santa Cruz, Ariel Rocha, que apenas se sintió al descubierto se esfumó de Bolivia.

El fiscal de ese mismo distrito Isabelino Gómez ha sido ya encarcelado, lo mismo que un fiscal antidrogas de Beni, Roberto Achá y su esposa, Cori Balcázar, también abogada, acusados de extorsión, y otra fiscal, Jeanette Valverde.

Al margen de los 2 jueces que han sido ya guardados se conoce formalmente que otros 3 y 7 fiscales más están en capilla por el mismo caso.

La crisis transversalizaba el sistema judicial y estigmatizaba también a las escuelas de derecho, las más prolíficas en el tándem de los estudios superiores bolivianos.

La banda liderada, lo más probable, por dos abogados menores de 35 años, con menos de una década de ejercicio profesional, vinculados hacía un lustro al staff del Ministerio de Gobierno, con el poder que éste conlleva, pudre todo lo que toca.

Las cabezas visibles de la organización, los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, un colega suyo incrustado en el Ministerio de la Prresidencia, José Manuel Antezana, han obligado a 3 ministros de Gobierno, el actual Carlos Romero, punta de lanza de la destrucción de la red mafiosa, y sus antecesores Sacha Llorenti y Wilfrido Chávez a declarar ante una Comisión de Fiscales con que el Ministerio Público boliviano purga o trata de hacerlo el estiércol estancado en sus vísceras.

Funcionario de cuarto y quinto rango, Antezana a quien la investigación le encontró la 'friolera' de 9.900 dólares en su cuenta de banco, ha obligado al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana a declarar como testigo, y también a la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

A medida que el espectro de cuestiones se amplía, y suman las declaraciones de testigos e implicados, el ex fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, también ha debido comparecer y su sucesor y actual jefe del Ministerio Público Ramiro Guerrero ha reconocido que podría llamarle ya no como testigo, sino como sospechado de haber sostenido algún vínculo con la banda que no sólo extorsionaba a los desesperados por salir de la cárcel, sino también los pelaba, literalmente.

Por eso había alargado uno de sus tentáculos hasta la oficina de Derechos Reales, donde, se supone e investiga, se legalizaban los rateríos, sonsacamientos y usurpaciones.

La red de extorsionistas que llevaba años apropiándose de los billetes buenos y malos de los convictos y procesados que caían en sus manos incurrió en el grueso error de intentar despellejar al judíoestadounidense Jacob Ostreicher, que invirtió en la agroindustria de Bolivia poco menos de 30 millones y que confió la administración de sus billetes a una colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia que se involucró con una narco brasileño.

La banda de burdos ladrones versados en leyes no atinó a apercibirse que desde mayo último la inteligencia criolla seguía los pasos a sus operadores y tampoco calculó que la madre de Ostreicher, sobreviviente del holocausto del pueblo judío en los '40 del siglo pasado, estaba en condiciones de mover los poderes mundiales radicados en Nueva York para librar de todo mal a su hijo y hacer castigar a sus victimarios.

De los 3 ministros y exministros que acudieron al llamado de los fiscales, Llorenti y Suxo han quedado en la mira de la oposición política que encontró el más oportuno vehículo, el ventilado 'caso extorsión', para encastrarlo contra la popularidad, hoy de 54%, de Morales que en camino de su segundo mandato consecutivo y con la perspectiva electoral abierta de repetirse el plato en el período constitucional 2015-2020, ha tenido una gestión impecable de año.

Un sacerdote ex director de la cárceles bolivianas, Wilson Soria, ha salido acusar a Llorenti, actual plenipotenciario de Bolivia en Naciones Unidas, de haber metido presión, en su anterior calidad de ministro, para que el alemán Dirk Smith vaya a prisión acusado de tráfico de armas.

El alemán salió hace días de la cárcel de Palmasola, la más hacinada y peligrosa de Bolivia cerca de la ciudad de Santa Cruz, donde han sido detenidos todos los involucrados, abogados, jueces, fiscales y funcionarios, en este escandalete, donde también expía su culpa la mayor parte de los extorsionados por Rivera Tardío, hombre de hablar quedo y disparar munición gruesa que se dijo trémulo de que tras de rejas vayan a aplicarle la atávica Ley del Talión.

Conocedor de las formas cómo en Bolivia se entierran los grandes crímenes, con el polvo del tiempo, el ministro Romero, abogado al fin, ha pedido que el caso "no se politice" y que termine de esclarecerse en toda su dimensión.

De todas formas este extremo no parece probable, ya que el caso navegará en las aguas encrespadas del preelectoral 2013 y será el caldo de cultivo de la artillería de la oposición.

El Presidente boliviano, que pidió a los operadores confiables, los que quedan, rigor en la aplicación de la ley, expresó el penúltimo día del año su confianza en que no había funcionario de más alto rango tras la organización de abogados hampones.