Es una batalla legal ganada, no la guerra. Pero a 11 años de ‘octubre negro’, los familiares de algunas de las 68 víctimas de la represión militar del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada conseguieron que el juez federal de Florida (EEUU) James Cohn se niegue a desechar una demanda en contra de ‘Goni’ y de su exministro de Defensa en 2003, Carlos Sánchez Berzaín, por presuntas “violaciones a los derechos humanos” que involucran a las exautoridades refugiadas en Estados Unidos. Así lo reflejó ayer el diario El Nuevo Herald, de Miami.

“Han sorprendido la buena fe del sistema; es una decisión que solo les da la opción a seguir una causa ya rechazada anteriormente y que será apelada”, respondió a EL DEBER Sánchez Berzaín, que desconocía la noticia. Para el exministro de Defensa de Goni, hay un “reiterado intento de los operadores políticos vinculados al Gobierno actual de nuestro país” de usar la justicia de EEUU para continuar con la persecución. “No tengo ningún temor”, sostuvo el acusado.

Ante el caso, el Gobierno boliviano reaccionó cauto. “Esperemos que esto se confirme y que así se acabe la impunidad al delito que rige en la justicia de EEUU”, dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera.

Cohn, que dictó su fallo el martes, valoró que los demandantes pueden seguir adelante con su causa en EEUU, bajo el marco de la ley de protección a las víctimas de la tortura. “Los dos (Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín), sin embargo, viven actualmente en este país”, dice el diario latino de Miami.

Heridas de octubre

La justicia de EEUU admitió la causa que articula dos demandas separadas de 2007 y de 2008, presentadas por ciudadanos bolivianos, que apuntan acusaciones en contra de Goni y del exministro de Defensa. Se trata de procesos iniciados a raíz de la intervención militar en El Alto (La Paz) ordenada por un decreto supremo en contra de manifestantes que reaccionaron frente a la versión de que Sánchez de Lozada pretendía vender gas a México y a EEUU, vía Chile.

En más de una década, la justicia boliviana no ha conseguido resultados en sus intentos por extraditar a ambas exautoridades, quienes siempre se declararon víctimas “de un proceso de sedición para derrocar al Gobierno constitucional” que derivó en un golpe de Estado con la renuncia del mandatario.

Los demandantes son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan Patricio Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Calisaya, Gonzalo Mamani Aguilar, y Felicidad Rosa Huanca Quispe.

Exigen justicia por las muertes de Marlene Nancy Rojas Ramos, Roxana Apaza Cutipa, Marcelino Carvajal Lucero, Teodosia Morales Mamani, Lucio Santos Gandarillas Ayala, Jacinto Bernabé Roque, Arturo Mamani Mamani, y Raúl Ramón Huanca Márquez. La decisión del juez implica que las víctimas podrían buscar una compensación económica por parte de los exfuncionarios bolivianos.