La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, firmó y selló la recepción de 252 memorias flash y 555 poleras que entregó, al Ministerio de Comunicación, la empresa acusada de corrupción “Bravo”, con motivo de la Reunión Conmemorativa del 50º Aniversario del G77+China que se realizó entre el 14 y 15 de junio de 2014 en Santa Cruz, según documentos a los que tuvo acceso ERBOL.

La persona que entregó los materiales es la dueña de dicha empresa, Yalile Bravo, quien guarda detención preventiva acusada de beneficiarse irregularmente con la adjudicación de un contrato de YPFB Transporte por la provisión de vallas publicitarias para el G77.

El primer documento fue suscrito el 9 de junio. En él, Yalile Bravo hace constar que entregó 252 unidades de “Flash Memory con una forma de máscara chiquitana, con una capacidad de 7.48 GB, con información sobre temas de gestión de Gobierno; la resistencia; lucha por la participación, Estado Plurinacional; la cultura y la identidad (Material que fue aprobado y entregado pro la unidad solicitante)”.

El texto dice que “Bravo” realizó “la entrega total de los productos, en el plazo establecido cumpliendo con responsabilidad y calidad, en predios del Campo Ferial FEXPOCRUZ, lugar del evento Cumbre G77”. Firman la parte del “recibe”: Espinoza; la directora de Estrategias del Viceministerio, Silvia Salinas; el coordinador del despacho del Ministerio, Ramiro Duchén Condarco; y Enrique Pomar, quien no precisa su puesto.

El miércoles, el fiscal Leopoldo Ramos hizo públicas las adjudicaciones que había realizado el Ministerio de Comunicación a Bravo. Entonces, Espinoza respondió, mediante el sitio web del Ministerio, que “nunca se llegó a efectivizar ningún contrato con la empresa Bravo y por lo tanto no se realizó ningún pago por algún servicio a esta empresa”. Hasta el momento, ni Espinoza, ni otros personeros del Ministerio accedieron a una entrevista con ERBOL.

Ramos aseveró que el Ministerio de Comunicación adjudicó 255 memorias flash (que en realidad son 252) por un monto de 100 mil bolivianos y las 555 poleras por 50 mil bolivianos. Luego, el Fiscal fue separado de la investigación y reasignado a otra unidad del Ministerio Público.