El gobierno boliviano incrementó este viernes en un 15% el salario mínimo para 2015, en el inicio de las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, según decreto firmado por el presidente Evo Morales, quien ratificó su vocación antiimperialista.

El mandatario, en un acto público en las presidencia, suscribió la norma, retroactiva a enero, así como un aumento general de sueldos del 8,5%.

El ministro de Economía, Luis Arce, indicó que “el salario mínimo nacional vigente a partir de esta gestión, retroactivo al 1 de enero, será de 1.656 bolivianos” (238 dólares), un 15% más, respecto al monto anterior de 1.440 bolivianos, unos 207 dólares.

Arce precisó que la cifra es un resultado de acuerdos con la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país.

Respecto a lo sueldos de todos los trabajadores, el ministro señaló que “el decreto establece el 8,5% de incremento para la gestión 2015, superior al 5,2 de inflación registrada el año pasado”.

Morales destacó que el incremento de sueldos es posible gracias al crecimiento económico de Bolivia, que en 2014 fue del 5,5%, y estimó que este año será del 5%, uno de los mayores de la región e impulsado por la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006.

El mandatario aprovechó la celebraciones del 1 de Mayo -durante el cual los trabajadores hacen marchas pacíficas- para reafirmar la línea izquierdista y antiestadounidense de su gobierno.

“Quiero reafirmar este 1 de mayo desde Palacio Quemado: el gobierno de Bolivia es antiimperialista y mientras (yo) esté de presidente, nuestro estado, nuestro gobierno va a ser antiimperialista!”, expresó.

Morales, un indígena formado políticamente como líder de los aguerridos cultivadores de coca, llegó al poder a fines de 2005 tras arrollar a la derecha en las urnas. 

El gobernante reorientó los lazos políticos de Bolivia hacia países como Venezuela, Cuba e Irán y congeló al máximo la estrecha relación del país con Estados Unidos.

Como parte de su política nacionalista, Morales estatizó la riqueza hidrocarburífera, en manos de una docena de compañías extranjeras, así como empresas de telecomunicaciones y electricidad, y administradoras de aeropuertos y de pensiones.