11 jun.- El Ministerio de Gobierno ha anunciado un plan de intervención al panóptico de San Pedro en La Paz, tal como se hizo en otros centros carcelarios del país. Tras el último escándalo por denuncias de extorsión dentro del penal paceño, el exalcalde de El Alto, Edgar Patana, fue el primero en recibir una notificación de traslado ayer.

La semana pasada se dictó arresto domiciliario al diputado Amilcar Barral, quien fue acusado de extorsionar a privados de libertad de San Pedro, entre ellos el exalcalde masista Edgar Patana, quien cumple cuatro años de encierro por actos de corrupción durante su gestión edil en El Alto.

Barral negó los cargos y denunció un montaje desde dentro del propio penal de San Pedro, donde Patana tendría influencias e incluso estaría a cargo del “negocio inmobiliario” de esa cárcel, algo común hace cuatro décadas, con grupos de poder que compran y venden espacios a los privados de libertad con celdas que varían entre los mil y ocho mil dólares.

Reclusos del sector La Posta, entrevistados por el matutino El Deber, denunciaron que Patana “pisa fuerte” en ese lugar, y se hace cargo de este negocio de compra venta a los nuevos internos.

Ayer, la Dirección de Régimen Penitenciario determinó trasladar a Patana al recinto carcelario de Patacamaya, en medio del escándalo que lo involucró en el presunto pago a Barral para que el diputado “use sus influencias” y evite que el exalcalde “pierda” sus beneficios.

El abogado de Patana, Franz Zabaleta, cree que toso es una estrategia para perjudicar a su cliente y este lunes se espera revocar la determinación de traslado.

Con los datos cada vez más certeros sobre el manejo irregular en San Pedro, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que ese penal será intervenido como sucedió con Palmasola en Santa Cruz y El Abra en Cochabamba.

“No podemos permitir que haya grupos de poder que estén cometiendo abusos, atropellos, así es que vamos a pedir a Régimen Penitenciario que haga un trabajo específico y urgente”, declaró a medios de cobertura.

Romero agregó que el tema de la intervención va más allá de Barral o Patana, ya que esta es una política institucional emprendida hace mucho tiempo en el sistema penitenciario nacional. No dio fecha para la intervención, al ser esta acción un operativo de inteligencia.

Patana cumple una sentencia de cuatro años por la entrega de 14 vehículos de donación a dirigentes particulares de El Alto, con el objetivo de no molestar su gestión edil. También es acusado por la compra irregular de 60 buses Sariri, hoy Wayna Bus, incumpliendo el DS 181 sobre licitaciones. Ese caso todavía está abierto.

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